El Partido Justicialista le contestó a Serenal

Política 14 de febrero de 2020 Por Administración Claridad
Fue a través de un comunicado que difundieron en los medios. A continuación transcribimos el escrito.
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A traves del Consejo del Partido Justicialista de Lincoln, una vez más, respondemos a las afirmaciones vertidas días atrás por el Intendente Serenal en conferencia de prensa en referencia a la liberación del presidente de nuestro Partido, Jorge Fernández. La cuestión lo desvela porque la corrupción y detención de funcionarios municipales del gobierno peronista ha sido su exclusivo caballo de batalla eleccionario y hace mucho tiempo ya que las resoluciones judiciales le son adversas y sus deformadas acusaciones en los medios terminan en lo que en esencia son: groseras falacias. A tal extremo ha llegado que, judicialmente, encontrándose descubierto desconoció notas periodísticas publicadas en primera plana de medios locales con fotos y títulos rimbombantes.

Ocurre que como no puede exhibir obras ni gestión de gobierno, recurrentemente se muestra como paladín de la justicia y cazador de corruptos. Lo que el pueblo ignora, y debe saber, es que para esclarecer un supuesto delito que, pese a la estentórea calificación que repite como loro enfatizando en la inexistente asociación ilícita, se resume a fraude a la administración pública en base a 36 ordenes de pago que se reputan irregulares por un total de $ 820.000, ha gastado $ 1.200.000 de las arcas municipales para contratar un estudio de abogados de La Plata pese a contar con los letrados de planta que siempre se asumieron idóneos a esos fines.  Los vecinos también deben saber que el Dr. Serenal también gastó $ 764.000 del erario municipal en dos auditorías contables que no arrojaron resultados y en mérito a las cuales el Honorable Tribunal de Cuentas ha formulado cargo patrimonial contra el intendente y sus concejales.

En esta ocasión, ante el funesto hecho de que su víctima recuperara la libertad ambulatoria tras dos años de cárcel y arresto domiciliario, el reconocimiento del derecho es descalificado so pretexto de tratarse de una decisión política que responde a los nuevos aires que cursa el país. El Dr. Serenal dijo: “Yo creo que se juntan varias cosas, un poco puede ser el cambio político. Yo creo que la Justicia en ese sentido se mueve por los colores políticos que hay gobernando y es muy triste.”

Sus asertos corroboran la tesitura implementada desde el gobierno de Cambiemos que convirtió a la prisión preventiva en un medio de castigo e imposición de penas privativas de libertad antes de que exista una sentencia condenatoria firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Condena y cárcel sin sentencia. Como siempre, miente con descaro y desinforma al pueblo de Lincoln. De hecho sus afirmaciones son falacias porque su condición de abogado lo descoloca frente a los desconceptos que vierte sobre prisión preventiva, excarcelación y caución juratoria y nos obliga a aclarar porque la única verdad es la realidad y, en mérito a ella, el panorama se le va tornando cada vez más sombrío.

Toda persona imputada de un delito, a partir de que es citada a prestar declaración a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal (comúnmente llamada declaración indagatoria), está ligada al proceso penal y reviste la condición de “procesado”. Para ello basta que exista semiplena prueba de la existencia de un hecho ilícito y de la autoría (es probable o verosímil –parece verdadero o creíble– que se haya consumado la ilicitud y que la persona sindicada sea el autor).

ASUNCION SERENAL

Para una condena, en cambio, se exige certeza; tanto respecto de que el delito está consumado cuanto a su autor. Certeza es que no puede ser de otro modo; debe haber seguridad plena. No basta la probabilidad. Por ello la relevancia del principio de la duda (in dubio pro reo), porque la menor duda fulmina la certeza y con ello toda pretensa condena.

La prisión preventiva (art. 157 del CPP) es un auto judicial que se dicta dentro de los 30 días de la indagatoria (audiencia artículo 308), en donde aquella probabilidad originaria se confirma y se convierte la detención en prisión preventiva, en la convicción fiscal y jurisdiccional de que existe riesgo de fuga o la posibilidad de entorpecer la causa.

Es el instituto más cuestionado del derecho procesal penal; basta recordar que ya en 1877 se afirmaba: "Imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, acaso en la miseria; que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, pierde la salud; donde, si enferma no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicio y el crimen, espera una justicia que no llega, o llega tarde para salvar su cuerpo, y tal vez su alma; entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza. Sólo una necesidad imprescindible y probada puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es" (Concepción Arenal, Estudios Penitenciarios, 2ª. Edición, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1877, página 12).

Hasta que una persona denunciada o investigada es llamada a prestar declaración indagatoria es un “imputado” (art. 60 CPP: Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito) y esa condición se mantiene durante todo el proceso hasta la condena o desvinculación (sobreseimiento o absolución).

Tras su declaración se convierte en “procesado” porque queda ligado al proceso y es tal cumpliendo la prisión preventiva –en la cárcel o con arresto domiciliario porque quien goza de ese derecho está privado de libertad en su domicilio sin probabilidad de deambular libremente– o estando excarcelado –puede deambular libremente con algunas restricciones–.

En el devenir del juicio podrá ser “acusado” (si el fiscal acusa aunque también puede desistir de su persecusión) y, eventualmente, “condenado” o “absuelto”.

Son conceptos básicos y elementales que conoce todo “abogado”, incluido Serenal.

Dijo bien que la excarcelación conferida al Dr. Fernández es un derecho; pero pretendió descalificarlo dando cuenta de inferencias políticas inexistentes y al referirse a la contracautela de “caución juratoria” (garantía de cumplimiento), a la que describió como un recaudo de gravedad (tiene que ir a firmar todas las semanas) cuando en realidad es la formal promesa que hace el excarcelado de cumplir las obligaciones que se imponen con su soltura como, por ejemplo, no ausentarse por más de 24 horas de su domicilio o comparecer mensualmente ante el Patronato de Liberados (arts. 179 y 181 CPP).

La contracautela que se exige para otorgar una exacercelación es directamente proporcional al comportamiento y garantías que brinda el imputado a la Justicia. El espectro, como siempre, va de un extremo al otro y se vincula con el tipo de delito y condiciones personales. En los delitos económicos o casos de poca confiabilidad se exigen garantías reales (pagar una suculenta fianza o comprometer inmuebles a embargo o terceros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones). Con el más confiable, en cambio, basta una caución juratoria (jurar que continuará estando a derecho porque se cree en su palabra). O sea, exactamente lo contrario de lo aseverado por Serenal.

Lo propio respecto a la postergación de la celebración del juicio. Existen recursos sobre cuestiones esenciales pendientes de tratamiento y resolución por parte de la Justicia; es decir, ningún atraso puede achacarse a Fernández ni a su defensa. Un juicio sólo se puede llevar a cabo cuando están cumplidos todos los recaudos que impone la ley. No es lo que ocurre.

También son falsas sus afirmaciones en cuanto a una segura condena y vuelta a la cárcel a cumplir pena. No es serio. Hay que aguardar que la Justicia se expida; y estamos muy lejos del inicio del debate penal y de una sentencia.

Sería de nuestro agrado que, en lugar de tomarse el tiempo de utilizar las conferencias de prensa para seguir cuestionando burdamente la gestión del ex Intendente Fernández, se dedicara a gobernar y a subsanar las necesidades del pueblo linqueño que cada vez está más triste siendo el carnaval una muestra cabal más de ello.

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