En momentos donde asistimos a escenas de inconductas, atropellos intolerables y manifiestas faltas de respeto a la sociedad por parte de quienes ocupan cargos públicos, tenemos la obligación de abordar institucionalmente estas cuestiones que generan descrédito y desconfianza.
Así lo establece el proyecto que presenté para prohibir que las personas condenadas por delitos de corrupción, se postulen en procesos eleccionarios u ocupen cargos partidarios. No se trata de una ley contra una persona, sino de una reforma con matriz ética y constitucional.